Ser el modelo de solución integral en el ámbito penitenciario, reconocido nacional e internacionalmente por ofrecer oportunidades a las personas privadas de libertad, destacándose por la búsqueda continua de la excelencia en el tratamiento penitenciario y la formación de personal con alto nivel en valores.
Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos para garantizar la reeducación y readaptación social de las personas privadas de libertad, basados en el marco del más amplio respeto a los Derechos Humanos
Cumplir y hacer cumplir las reglas, normas y mandatos legales que rigen a la Unidad y al Sistema Penitenciario Nacional.
Actuar siempre con decencia, de manera razonable, justo, probo y honrado en las actividades diarias.
Es reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de las personas privadas de libertad y sus derechos
Cumplir con el deber que representa ser un funcionario o servidor público al servicio de la sociedad de Guatemala, asumiendo la obligación moral de los hechos que por acción u omisión se realizan en la Unidad.
Garantizar la claridad y el acceso a la información en la administración, ejecución y resguardo de los recursos públicos a cargo de la Unidad.
Actuar bien ante las dificultades para el cumplimiento de los objetivos propuestos para transformar el trabajo diario en seguridad, tranquilidad, oportunidad y beneficio para la sociedad guatemalteca.
Consiste en garantizar que los privados de libertad tengan las mismas oportunidades, trato, derechos, responsabilidades y obligaciones en los centros de detención.
Brindar un tratamiento personalizado que se adapte a las necesidades particulares de cada persona para su resocialización, rehabilitación y reinserción social.
Consiste en garantizar que las instituciones, empresas y la sociedad en general asuman su responsabilidad con la reinserción, reeducación y readaptación social de las personas privadas de libertad.
Garantizar que las personas privadas de libertad lleguen a los centros de detención a cumplir una condena y no a recibir otro castigo u otros tratos crueles inhumanos o degradantes para ellos y sus familiares. Asimismo, implica que las medidas para asegurar la seguridad y custodia se apliquen en función de la proporcionalidad, racionalidad, necesidad y legalidad.
Las penas han de ejecutarse bajo el estricto control de un juez de ejecución, quien debe conocer por parte de las autoridades penitenciarias que cualquier intención o cambio en las condiciones de las medidas de seguridad establecidas
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En el proceso de la implementación y ejecución del Nuevo Modelo, los valores ocupan un lugar de primer orden. Su preeminencia resulta determinante para la ejecución exitosa del mismo ya que se constituye como un ejemplo de aplicación de métodos de rehabilitación penitenciarios.
Forma parte integral de la esencia del Nuevo Modelo, ya que por su relevancia es adoptado con convicción por los colaboradores de la UNMGP.
Se basa en la creencia de que las partes de un conflicto deben estar activamente involucradas para resolver y mitigar sus consecuencias negativas.
Derivado a que toda reforma demanda de personal capacitado, se crea la necesidad de profesionalizar al personal que labora en el Nuevo Modelo, para hacer cumplir las leyes y reglamentos establecidos para el tratamiento de las personas privadas de libertad.
La rehabilitación de las personas privadas de libertad es prioridad en el Nuevo Modelo, por eso se elaboran planes individualizados de tratamiento, con al característica de poder medir el grado de avance de cada persona.
El Nuevo Modelo tiene como objetivo estratégico la inclusión social de las personas privadas de libertad, es por ello que se hace acompañar de al comunidad por medio del Patronato Penitenciario, quienes coadyuvan a la supervisión de la implementación de la metodología del Nuevo Modelo.
El personal que labora para el Nuevo Modelo, debe de ser de carácter civil, para garantizar la aplicación de la metodología y el respeto a los derechos humanos, con ello dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Régimen Penitenciario.
